La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha nacido enmarcada en una dinámica de contundentes y profundas transformaciones socio-políticas que de forma sustantiva ha propiciado que el sistema de gobierno venezolano acoja prácticas inéditas, visto esto en la procura de mayores espacios y ejercicios democráticos.
La democracia ha sido ampliamente aceptada como la mejor forma política de gobierno y su legitimidad supone la existencia de instituciones que hagan posible la expresión y articulación de la voluntad popular. El sistema de gobierno presidencial contempla las instituciones que canalizan dicho principio democrático; es decir, permite que la decisión sobre quién va a gobernar sea tomada directamente por los ciudadanos.
Dicho sistema ha prevalecido en la mayoría de los países de América como forma institucional por tradición histórica, adoptada desde los procesos de independencia y después de las dictaduras militares del siglo XX. De acuerdo con LINZ, tiene como características principales, en primer lugar, ser un sistema de "legitimidad democrática dual" (1993:33); es decir, tanto el presidente como los representantes del Legislativo son electos por el pueblo (cada uno goza de legitimidad democrática propia) y, en segundo lugar, ambos son electos para períodos fijos, cuya duración es independiente la una de la otra. De esto se desprende una de las principales críticas que hace el autor: La rigidez o inflexibilidad del sistema presidencial en cuanto a la imposibilidad de sustituir al presidente en casos en los que sería la salida más recomendable para evitar la búsqueda de alternativas drásticas como los golpes de Estado.
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